Lunes 12 de Junio de 2006
Este 10 de junio recordamos un aniversario más de la represión del Jueves de Corpus de 1971, operativo de Estado ordenado desde la cúpula del
poder político y en el que actuaron de manera coordinada el grupo paramilitar conocido como Los Halcones y las fuerzas policiacas, con un saldo de decenas de estudiantes asesinados.
La masacre cometida esa fecha cada vez más lejana no es cosa del pasado, como algunos pretenden que así sea, ya que los delitos de lesa humanidad no prescriben. La impunidad de que gozan los responsables intelectuales y materiales de ese y otros hechos, además de que lastima a la sociedad en su conjunto es uno de los factores que hacen posible que desde el Estado se instrumenten actos represivos como el de Atenco.
El gobierno de Vicente Fox es responsable tanto de no asumir con seriedad la demanda social de verdad y justicia, respecto a los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de movimientos sociales y políticos de oposición durante la segunda mitad del siglo XX, como de nuevos actos de salvaje represión que han costado la vida a obreros y jóvenes estudiantes.
Al cumplirse 35 años del genocidio del 10 de junio, la matanza de estudiantes que fue preconcebida, organizada, coordinada, controlada y ejecutada desde las más altas esferas del aparato gubernamental, a pesar de que la verdad histórica de esos hechos se ha abierto paso la justicia, sigue esperando.
Existe un vasto cúmulo de documentos (en su momento la heroica revista Por qué?, dirigida por el director de nuestro diario, Mario Renato Menéndez Rodríguez, plasmó en sus páginas imágenes incontrovertibles de lo ocurrido ese día), ahora reforzados por el documental Halcones del Canal Seis de Julio, testigos de los hechos y pruebas de otro tipo, que posibilitan aclarar la forma en que desde las esferas del poder se creó, organizó, entrenó y utilizó el grupo paramilitar conocido popularmente como Los Halcones, auspiciado en sus inicios por Alfonso Corona del Rosal, adscrito por cuestiones de presupuesto y cobertura al Departamento de Limpia del gobierno del Distrito Federal, y dirigido operativamente por el general Manuel Díaz Escobar.
Esa tarde del Jueves de Corpus -10 de junio de 1971-, en que el movimiento estudiantil, aún sacudido por la masacre del 2 de octubre de 1968, pretendía tomar nuevamente las calles de la capital de la República enarbolando demandas de carácter democrático y en solidaridad con jóvenes del estado de Nuevo León, el presidente Luis Echeverría Álvarez decidió nuevamente cortar de tajo, al precio que fuera, cualquier movimiento opositor independiente.
El saldo fue de decenas de jóvenes asesinados, además de que ese acto profundamente autoritario y represivo cerró, definitivamente, los caminos de la lucha política pacífica para muchos jóvenes y luchadores sociales que optaron por la vía armada en su búsqueda de construir una sociedad distinta, una sociedad socialista.
Alcanzar la verdad y la justicia en el caso de delitos de lesa humanidad, cometidos por el Estado a través de sus cuerpos represivos dirigidos por las cúpulas políticas y militares, estrategia que contó con la complicidad de medios de comunicación y sectores del sistema corporativo mexicano, demanda decisión y voluntad del Estado en su conjunto así como un amplio consenso y movilización social.
Dadas las características de los crímenes de lesa humanidad, es decir, que son ofensas cuya atrocidad y magnitud las constituyen en serios ataques a la dignidad humana y atentan con el tejido social, es reprochable que el sistema de impartición de justicia mexicano se niegue a procesar y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidos tanto el 10 de junio de 1971 y el 2 de octubre de 1968, como durante la llamada guerra sucia, y permitir así a las víctimas y familiares tener un real acceso a la justicia, pilar fundamental de todo Estado democrático.
Así, la persistencia de la impunidad respecto a estos hechos es congruente con el comportamiento represivo del mal llamado gobierno del cambio que cierra su administración con las manos llenas de sangre. Lo mismo que todos los caídos bajo la represión de los gobiernos priístas, el joven estudiante universitario Alexis Benhumea exige justicia.
Este 10 de junio recordamos un aniversario más de la represión del Jueves de Corpus de 1971, operativo de Estado ordenado desde la cúpula del
poder político y en el que actuaron de manera coordinada el grupo paramilitar conocido como Los Halcones y las fuerzas policiacas, con un saldo de decenas de estudiantes asesinados.
La masacre cometida esa fecha cada vez más lejana no es cosa del pasado, como algunos pretenden que así sea, ya que los delitos de lesa humanidad no prescriben. La impunidad de que gozan los responsables intelectuales y materiales de ese y otros hechos, además de que lastima a la sociedad en su conjunto es uno de los factores que hacen posible que desde el Estado se instrumenten actos represivos como el de Atenco.
El gobierno de Vicente Fox es responsable tanto de no asumir con seriedad la demanda social de verdad y justicia, respecto a los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de movimientos sociales y políticos de oposición durante la segunda mitad del siglo XX, como de nuevos actos de salvaje represión que han costado la vida a obreros y jóvenes estudiantes.
Al cumplirse 35 años del genocidio del 10 de junio, la matanza de estudiantes que fue preconcebida, organizada, coordinada, controlada y ejecutada desde las más altas esferas del aparato gubernamental, a pesar de que la verdad histórica de esos hechos se ha abierto paso la justicia, sigue esperando.
Existe un vasto cúmulo de documentos (en su momento la heroica revista Por qué?, dirigida por el director de nuestro diario, Mario Renato Menéndez Rodríguez, plasmó en sus páginas imágenes incontrovertibles de lo ocurrido ese día), ahora reforzados por el documental Halcones del Canal Seis de Julio, testigos de los hechos y pruebas de otro tipo, que posibilitan aclarar la forma en que desde las esferas del poder se creó, organizó, entrenó y utilizó el grupo paramilitar conocido popularmente como Los Halcones, auspiciado en sus inicios por Alfonso Corona del Rosal, adscrito por cuestiones de presupuesto y cobertura al Departamento de Limpia del gobierno del Distrito Federal, y dirigido operativamente por el general Manuel Díaz Escobar.
Esa tarde del Jueves de Corpus -10 de junio de 1971-, en que el movimiento estudiantil, aún sacudido por la masacre del 2 de octubre de 1968, pretendía tomar nuevamente las calles de la capital de la República enarbolando demandas de carácter democrático y en solidaridad con jóvenes del estado de Nuevo León, el presidente Luis Echeverría Álvarez decidió nuevamente cortar de tajo, al precio que fuera, cualquier movimiento opositor independiente.
El saldo fue de decenas de jóvenes asesinados, además de que ese acto profundamente autoritario y represivo cerró, definitivamente, los caminos de la lucha política pacífica para muchos jóvenes y luchadores sociales que optaron por la vía armada en su búsqueda de construir una sociedad distinta, una sociedad socialista.
Alcanzar la verdad y la justicia en el caso de delitos de lesa humanidad, cometidos por el Estado a través de sus cuerpos represivos dirigidos por las cúpulas políticas y militares, estrategia que contó con la complicidad de medios de comunicación y sectores del sistema corporativo mexicano, demanda decisión y voluntad del Estado en su conjunto así como un amplio consenso y movilización social.
Dadas las características de los crímenes de lesa humanidad, es decir, que son ofensas cuya atrocidad y magnitud las constituyen en serios ataques a la dignidad humana y atentan con el tejido social, es reprochable que el sistema de impartición de justicia mexicano se niegue a procesar y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidos tanto el 10 de junio de 1971 y el 2 de octubre de 1968, como durante la llamada guerra sucia, y permitir así a las víctimas y familiares tener un real acceso a la justicia, pilar fundamental de todo Estado democrático.
Así, la persistencia de la impunidad respecto a estos hechos es congruente con el comportamiento represivo del mal llamado gobierno del cambio que cierra su administración con las manos llenas de sangre. Lo mismo que todos los caídos bajo la represión de los gobiernos priístas, el joven estudiante universitario Alexis Benhumea exige justicia.
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